A la vuelta de las vacaciones nuestros diputados se han encontrado un regalito inesperado: un ordenador!
Hemos tenido mucha información sobre esto, por ejemplo una nota de prensa de EFE publicada en Periodista Digital, una bonita animación en El Mundo que nos muestra el aspecto externo de los equipos (por cierto ¿no echais en falta un lector de smartcards que permita, por ejemplo, autenticación a través del futuro DNI digital?), los inevitables comentarios en Barrapunto, entradas en las bitácoras de algunos de los miembros de Hispalinux (Juantomas García, Benjamin Villoslada), etc.
No tenemos detalles (o al menos yo no los he encontrado) acerca de, por ejemplo, el hardware que usan. No sabemos por tanto si se trata de equipos DELL, HP o tal vez clónicos. Pero lo que si sabemos es el sistema operativo que usan: Windows XP…
No voy a opinar sobre esta decisión sin saber como se ha llegado a ella. Esto es, precisamente, lo que me gustaría saber ¿cómo se ha llegado a decidir que este es el sistema operativo idoneo? ¿alguien ha hecho un estudio previo?¿ha habido un concurso público?¿qué criterios de valoración se han seguido para esta adquisición? Cualquiera que esté familiarizado con los procedimientos administrativos sabe que, por regla general, el valor económico suele ser el criterio decisivo para la adjudicación de cualquier producto o servicio ¿Quizás sus señorías necesitan usar algún software que no funciona en LINUX? En ese caso ¿Cual?
No, no me parece este un asunto trivial y me considero una persona comprensiva en estos asuntos (en todos, por regla general…). Puedo entender (con repararos y siempre pensando que se trata de una visión a muy corto plazo) a alguien que me argumente seguir con windows simplemente por no afrontar el coste de una migración a LINUX, pero no puedo comprender en absoluto a quien se plantea hoy por hoy una nueva instalación y decide comprarle las licencias a la empresa de Redmon sin estudiar otras posibilidades. Y menos cuando esa compra se hace con dinero público. No puedo comprenderlo sin que me expliquen detalladamente como se ha llegado a esa decisión y el motivo por el cual alguien ha decidido tirar mi dinero a la basura de esta forma…
Pero bueno: obviemos el asunto económico que tampoco vamos a ir a ningún lado por unos cuantos miles de euros. Ningún perro lamiendo engorda, que diría mi madre. Pero ¿y la seguridad?¿y la privacidad?¿y la apuesta por iniciativas propias?¿Se han valorado estos puntos a la hora de elegir?¿Es pública esa valoración?
Lleguo aquí desde la entrada sobre el parlamento Francés.
Estoy totalmente deacuerdo con lo que planteas, pero creo que se te ha olvidado comentar la mayor ventaja del uso del software libre, es que este es código abierto.
Realmente se puede permitir un parlamento usar un software que no sabe realmente como funciona y que no puede cambiar en caso de que lo desee? Creo que esa debería ser la cuestión, al margen del precio, que también es algo importante cuando hablamos de dinero público.
Y lo mismo para los formatos. Sería lógico guardar los documentos de los diputados en un formato privativo, del cual lo único que se conoce es por ingenieria inversa, sobretodo cunado existe un estándard abierto?